Los cambios ofrecidos en la universidad ecuatoriana tardan en cristalizarse. La calidad de la educación debe ser una prioridad nacional, pero las ofertas parecen estar en pausa, y la solución para los alumnos de universidades cerradas apenas camina.
“El país irá donde vaya la universidad”, dijo hace 30 años el entonces presidente Osvaldo Hurtado. La explosión de centros académicos desafortunadamente no contribuyó a mejorar la calidad de la educación superior, aunque sí llenó el vacío creado por la falta de crecimiento, organización y ofertas de la universidad pública.
El Gobierno actual encabezó una reforma pero los cambios marchan a paso lento.
Un tema fundamental se refiere a la preparación académica de los profesores. Se exigirá que cuenten con títulos PhD, pero el tiempo que demandan esos estudios, su alto nivel de exigencia y el costo no siempre hace asequible esta opción para todos los docentes universitarios. La autoridad estatal ofreció apoyo en becas y lo está haciendo. 5 000 profesores las han obtenido, según el Consejo de Educación Superior.
Hay un desajuste evidente. El 53% de los trabajadores de las universidades se dedica a la docencia, pero el estándar internacional debería ser del 75%. Ese cambio debe ser paulatino, no se puede hacer de la noche a la mañana.
Y otro problema que le estalla en las manos a la autoridad es la evaluación e inserción de los alumnos que estaban en las universidades cerradas. A ellos el Estado les debe una solución. Cuando se inscribieron eran centros autorizados por los organismos respectivos y es el Estado el que debe generar soluciones con cupos suficientes y carreras compatibles con las aspiraciones personales y las demandas del país.