El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que consta en un Plan Maestro de Electrificación, con años de planificación y una década de ejecución, está totalmente detenido.
Los desacuerdos entre el Estado y la empresa rusa frenaron la obra y pese a las conversaciones no se vislumbran visos de solución alguna.
La obra física está terminada en un 97.6% mientras que la maquinaria se arruma en grandes cajas de madera tapadas con plásticos. La maquinaria está instalada en un 65.8%, conforme pudo constatar EL COMERCIO.
Pero la obra cumplió 1 448 días de retraso respecto del cronograma inicial y la entrega que se anunció para marzo de 2017 no llegó. A este paso, los técnicos estiman que podría concluir en el 2019, siempre y cuando se consiga los recursos que faltan. La obra hasta ahora le va costando al Fisco -es decir a todos los ciudadanos- USD 398.8 millones. Las estimaciones hablan de otros USD 110 millones adicionales para concluir.
Otro problema conexo es el del dinero que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) prestó con la promesa estatal de garantizar el retorno de una inversión que sumaba USD 250 millones.
El ministro Carlos Pérez dice de modo franco y frontal que no hay dinero para honrar esa deuda. Pero el problema es que los re cursos de los afiliados se deben proteger y esta situación muestra la vulnerabilidad de las inversiones de riesgo con dinero que pertenece a todos los afiliados del IESS y cuyo retorno se debe garantizar para que los fondos honren los fines con los que fue creado.
Cuando un poder concentrado domina todo el espectro nacional, las consecuencias son estas.
Más allá de eso, se debe considerar que las obras hidroeléctricas que son la llave para el cambio de la matriz energética. Un tema clave para dejar de consumir combustibles importados con altos costos para el Estado y las consecuencias conocidas cuando el vaivén de los mercados internacionales modifica sus precios.
La conclusión de Toachi- Pilatón es otra deuda que no pagó la llamada Revolución Ciudadana.