La noticia volvió a llegar desde el Oriente. La minería causa enfrentamientos entre las comunidades cercanas, la empresa china explotadora del recurso y el Estado.
Son dos visiones en conflicto. Unas comunidades que se sienten con derecho sobre las zonas aledañas a un rico yacimiento de metales, y las empresas interesadas en los recursos mineros.
De por medio están el Estado y las leyes escritas y promulgadas que alcanzan a la Constitución garantista de Montecristi. A una naturaleza feraz que para muchos debe ser intocada se contraponen los intereses económicos de un país que quiere extraer el mineral y alcanzar recursos siempre atractivos.
La Constitución privilegiaba las ideas de preservación, pero el pragmatismo en casos como este de Panantza o el del Parque Nacional Yasuní se imponen.
Los enfrentamientos dejaron un policía muerto y varios heridos. Algo inadmisible que merece investigación. El Presidente ha advertido que no cabe el diálogo sino capturar a los asesinos. Por ahora hay seis personas detenidas.
La zona está militarizada. Hay tanquetas y mil uniformados. El argumento es que la zona de explotación y extracción minera no es ancestral ni se trata de selva virgen. Un dilema entre conservación y desarrollo frente al cual merece la pena plantearse enfoques que han servido en otros casos y en otras latitudes, pues la actividad extractiva de minerales a gran escala en el Ecuador está por comenzar.