La Supercom será un triste recuerdo de la censura

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Miércoles 19 de junio 2019

En julio se cumple el plazo final. La Superintendencia de Comunicación toca a su fin. Legalmente desapareció.

Ahora hay que esperar el cierre de sus oficinas a escala nacional. Varias de ellas ya se hallan sin uso. Tres intendencias zonales ya han sido cerradas. De las que faltan, la oficina de Quito tendrá otras asignaciones, por cuanto en ella se halla una parte importante -y costosa- de equipos cuya movilización implicaría una erogación a la caja Fiscal. Y no está el país para más gastos inútiles.

Además resta por reubicar a una parte del personal. 292 funcionarios tuvo el organismo controlador. Hoy quedan 84 y se desempeñarán en otras tareas en el sector público.

Ojalá los bienes que pasan a manos del Servicio Inmobiliario de Gestión Pública puedan ser reutilizados.

El país tiene pésima experiencias en el deterioro de inmobiliarios, equipos, maquinaria y hasta bienes muebles. Eso supone un desperdicio inmenso y millonario de bienes públicos. Un dineral que se cubre de polvo, como si el dinero del Fisco no fuese de todos, como si esos recursos no hubiesen sido producto de la riqueza nacional derrochada.

Para ejemplo están miles de inmuebles de las incautaciones por el feriado bancario. Algunos bienes en manos municipales muestran un destino similar. Todo en franco deterioro y, por cierto, miles de predios del IESS. Somos expertos en desperdiciar. En el caso de la Supercom sería deseable establecer un inventario del mobiliario y darle un destino útil.

Pero lo fundamental, para el caso que nos ocupa, es que el país debe sacar lecciones de la nefasta política pública de intentar controlar los contenidos de los medios de comunicación, imponer un sistema persecutorio de sanciones y multas y liquidar la libertad de expresión.

Las razones de concentrar el poder y controlar todo se pueden entender: acaso querían tapar los monumentales atracos a los fondos públicos que salen a la luz. Supercom, nunca más. Quedan pendientes algunas tareas, como aquella de corregir la malhadada definición de la comunicación como un servicio público.