Mientras el precio del gas al consumidor sube sin posibilidad de control, la impotencia de las autoridades para exigir el cumplimiento del precio oficial revivió un viejo debate: el alto subsidio que el país paga por los combustibles.
El Ecuador es país productor de petróleo. El alto precio del crudo en el mercado mundial le ha beneficiado, puesto que es el primer producto de exportación: el sueldo del país.
Empero, la economía ecuatoriana se encuentra encerrada en un contrasentido: dedica gigantescas sumas de dinero para traer derivados de petróleo -por ejemplo diésel, que sirve para el transporte pesado y para la generación térmica- y además importa gas de uso doméstico. El subsidio a los combustibles supone al Estado millonarias cifras año tras año.
Se sabe que el precio del gas es un detonante político y social, pero no está mal que el Gobierno libere recursos del Presupuesto para otras tareas prioritarias en el orden de infraestructura vial, presas hidroeléctricas, salud, educación, etc.
Con el subsidio al gas, por ejemplo, se benefician millones de ecuatorianos que bien podrían pagar una bombona de gas para su consumo familiar al precio real. Si el subsidio se focaliza a los más pobres, de acuerdo con los datos del propio Gobierno, que entrega millonarios recursos en bonos, podría estructurar un subsidio justo y obtener abundantes recursos e incluso financiar algunas grandes obras sin recurrir a préstamos internacionales onerosos.
Ya se anuncia un plan piloto en las provincias fronterizas, donde más fuga existe, ya que Colombia y Perú se benefician de los irrisorios precios de los combustibles en Ecuador. Para explicar el tema podrían servir, y muy bien, las cadenas de radio y televisión empleadas para fines políticos.