
El Ministerio de Agricultura anuncia un plan de seguro agrícola subvencionado, Agroprotege, que busca proteger a miles de pequeños y medianos productores ante la posible llegada de El Niño en 2026.
La iniciativa es oportuna, ya que el Ministerio calcula que en el peor escenario el fenómeno climático puede haber un impacto sobre 2 millones de hectáreas de cultivos y un daño económico que superaría los 1 300 millones de dólares. Frente a ese riesgo, el aseguramiento agrícola se presenta como una herramienta razonable para apoyar a los campesinos más vulnerables.
Ningún seguro detiene una inundación ni trae la lluvia en época de sequía, pero sí puede evitar que una mala temporada lleve a la ruina a miles de familias campesinas
Hay que hacer énfasis en el aseguramiento agrícola, debido a la poca demanda, la baja cultura y los costos que hace inaccesible contratar un seguro.
Ese comportamiento no es de ahora. Desde 2020, la contratación de seguros agrícolas no supera los 6 millones de dólares anuales, muy lejos de los 19 millones que se registraban antes de la pandemia. Los pequeños productores, que son quienes más necesitan protección, suelen ser también los que menos recursos tienen para pagar una prima.
Por eso, el subsidio del seguro agrícola entre el 60% y el 80% de la prima que ofrece Agroprotege resulta pertinente frente a El Niño.
No solo reduce la barrera económica, sino que también premia las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, como contar con certificación de Agrocalidad o historial previo de aseguramiento. Estos requisitos fueron puestos por el programa del Ministerio de Agricultura para acceder al seguro.
Esta estructura de incentivos puede ayudar a construir, poco a poco, una cultura de aseguramiento que hasta ahora ha sido débil en el sector rural ecuatoriano.
Sin embargo, el plan enfrenta límites evidentes. Los 24,5 millones de dólares destinados para cuatro años cubrirán una fracción de las 2 millones de hectáreas, que pueden estar en riesgo con un El Niño desastrozo. La meta de 500 000 hectáreas aseguradas, aunque ambiciosa comparada con la situación actual, todavía deja fuera a una parte considerable de la producción nacional.
El seguro agrícola no elimina el riesgo climático, pero sí permite distribuirlo de manera más justa entre el Estado, las aseguradoras y los productores. En un país donde las inundaciones y las sequías golpean con frecuencia la economía campesina, desarrollar y fortalecer un modelo de protección sostenido, más allá de la coyuntura de El Niño, da una pauta sobre cómo el Estado puede contribuir a una cultura de aseguramiento, sin caer en el asistencialismo político o clientelar. Por ello, el reto ahora es que la política pública mantenga continuidad más allá de este ciclo climático.