Una nota publicada por este Diario da cuenta de que el 43% de los jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) obtuvo un préstamo quirografario durante el primer semestre de este año y que la suma concedida por el banco de la institución (Biess) alcanza los USD 316 millones.
Las cifras en sí mismas podrían no llamar la atención. Incluso podría considerarse normal que ese y otros segmentos del sistema estatal de aseguramiento recurran a ello en una época de crisis local y mundial como la que vivimos.
Lo extraordinario, sin embargo, es que los jubilados y pensionistas señalen durante el proceso de aprobación de los préstamos que usarán los recursos para proveerse de manera privada de los servicios de salud que el IESS está obligado a prestarles, pero que hoy por hoy no está en capacidad de cumplir.
La situación es un reflejo de la crisis por la que atraviesa el sistema de seguridad social ecuatoriano, cuya cara más visible son las dificultades del seguro de salud; pero su cuya estructura tiene problemas en general, lo que llevará incluso a poner en riesgo el pago de pensiones dentro de unos años.
Las causas de esta situación son múltiples. Algunas son estructurales, como el hecho de la deficiencia sistémica de generar empleos adecuados, que incluyan aseguramiento, y que eleven cada año el número de aportantes al IESS; está también la tasa de envejecimiento demográfico, que hace que la cifra de quienes reciben pensiones y atención de salud se haya incrementado.
Pero también hay razones relacionadas con la toma de decisiones políticas y no técnicas. Una, por muy justa que parezca, es haber elevado las necesidades para atención médica al incluir entre los beneficiarios a hijos y esposas de los afiliados, pero sin que se haya establecido de forma paralela una forma de financiamiento. O que se haya creado un seguro de desempleo, reduciendo los montos de otros segmentos de la seguridad.
La situación existe y es compleja. La pregunta es: ¿qué haremos como país para remediarla?