Los fríos datos de las encuestas muestran lo que las voces ciudadanas dejan oír a cada momento. La inseguridad pública, la violencia y la delincuencia son los principales problemas de los ecuatorianos y también ocupan alta prioridad para los vecinos de Quito.
No solamente es un problema de percepción, como pretendía la desafortunada e inconsistente frase de un ex ministro. Los asaltos, robos a domicilio y los niveles de violencia se reflejan día a día. Además, signos de la presencia del crimen organizado en actividades delictivas, el narcotráfico con conexiones internacionales y hasta el sicariato se cruzan en un momento de debilidad institucional de la Policía que, tras la crisis de hace más de un año, no se ha reestructurado según las promesas oficiales.
Para el caso de Quito, los vecinos aportan con el pago de una tasa. El año que se cerró la cifra recolectada fue de USD 8 millones. En el Cabildo se acepta que la contraparte del Gobierno no ha sido ni la suficiente ni la esperada.
Hay que clarificar los límites y alcances entre el ámbito de control policial y la buscada autonomía en esta materia de las entidades municipales. La Constitución manda que la soberanía y la integridad territorial corresponden a las Fuerzas Armadas, la seguridad interna, a la Policía.
El Municipio de Quito tiene su propia ordenanza, pero en varios de los casos esta se limita a aspectos puntuales que le impiden responder, como es su pretensión desde hace varios años, por los grandes temas de seguridad pública.
Con fondos ciudadanos y del Estado y una buena disposición política de autoridades nacionales y locales se debe coordinar estos temas que son primera preocupación de la gente de Quito y el Ecuador.