La crisis en los centros de rehabilitación social se constituye en uno de los temas más complejos que ha tenido que soportar el país durante este año.
Tras las masacres registradas en las cárceles en el último cuatrimestre, desde el 29 de septiembre el Gobierno ha declarado el estado de excepción como un mecanismo para atenuar la violencia en esos centros.
La última renovación de esta medida concluyó el 28 de diciembre y el Ejecutivo decidió que no habrá una nueva renovación de ese instrumento legal. No obstante, determinó que las FF.AA. continúen respaldando la labor de la Policía en el exterior de los centros penitenciarios.
Las cárceles han sido escenario este 2021 de la muerte de más de 300 personas privadas de la libertad, como consecuencia de enfrentamientos entre bandas rivales, generalmente vinculadas con el narcotráfico.
Expertos del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas han expresado recientemente su alarma, por la continuada violencia en las prisiones de Ecuador.
Una de las acciones emprendidas por el Gobierno para atenuar esa crisis fue la conformación de la Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación, integrada por delegados de la sociedad civil, de la Iglesia, de la academia y expertos en temas de derechos humanos.
A través de esa instancia se prevé diseñar estrategias y crear programas y planes para fortalecer el sistema de rehabilitación social en el país.
Una de las primeras tareas es desarrollar un censo penitenciario, para conocer más detalles sobre la población carcelaria y clasificar a los reos por el tipo de delito, tiempo de condena, enfermedades, entre otros.
Más allá de las estrategias que se puedan quedar en meras recomendaciones, se esperan acciones holísticas e integrales para corregir otros problemas que también están inmersos en la crisis carcelaria y que se expresan en casos de corrupción o en la administración de justicia.
Por ahora, lo que queda es seguir en las acciones preventivas, disuasivas y patrullajes en las cárceles del país.