La impotencia de los poderes públicos para dotar de seguridad a la población rural ha estimulado la creación de guardias de vecinos, rondas y grupos que se arman para protegerse del robo de ganado. El Gobierno y sus autoridades han reconocido lo complejo del control de la seguridad en el campo. Las cifras de personal policial son insuficientes frente a las demandas del país.
La seguridad interna y el uso monopólico de la fuerza compete a la Policía. Sin embargo, en el centro del país y desde los años sesenta, las personas se han organizado ante el auge del robo de ganado. En la Costa existió un grupo autodenominado ‘La organización’.
La Ley de Comunas faculta las Juntas Anticuatreras de modo exclusivo para las organizaciones indígenas. Pero estos grupos muchas veces cometen abusos de derechos humanos, golpean a los sospechosos y los encierran o detienen hasta entregarlos a las autoridades.
Por ahora la tenencia de armas debe estar circunscrita a una propiedad de la cual no pueden salir hombres armados. Los campesinos sostienen que muchas veces los robos se perpetran en las carreteras. Las necesidades de seguridad de comuneros y propietarios han dado lugar a estos grupos, pero estos pueden convertirse en una deriva peligrosa que, en el peor de los casos, pudiera desembocar en paramilitarismo. El Estado debe velar por la seguridad ciudadana y por que el problema no se le vaya de las manos.