Salud ocupacional, nueva visión

Durante décadas, la salud ocupacional en Ecuador estuvo regulada por una norma concebida para un mercado laboral que ya no existe. El país cambió, las formas de trabajo evolucionaron, los riesgos se transformaron y la salud dejó de entenderse únicamente como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, la regulación permaneció prácticamente inmóvil. Que el Gobierno haya decidido reemplazar un reglamento con más de medio siglo de vigencia constituye, por sí mismo, una decisión necesaria.

El nuevo Reglamento de los Servicios Integrales de Salud en el Trabajo (Sisat) apunta en la dirección correcta al abandonar un enfoque reactivo, esperar a que el trabajador enferme, para priorizar la prevención, la vigilancia y el bienestar integral. La salud física, mental y social ya no puede separarse cuando se habla de productividad, competitividad o desarrollo económico.

‘Las economías más dinámicas han comprendido que la prevención reduce costos, mejora la productividad’.

La pandemia dejó una lección difícil de ignorar: las organizaciones más resilientes fueron aquellas que entendieron que cuidar a sus colaboradores no era un acto de beneficencia, sino una estrategia empresarial inteligente. El ausentismo, el estrés, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales generan costos humanos y económicos que terminan afectando tanto al trabajador como a la empresa y al Estado.

En ese contexto, el nuevo reglamento representa una oportunidad para modernizar la cultura laboral ecuatoriana. Que incorpore la vigilancia de la salud, el diagnóstico temprano de enfermedades relacionadas con el trabajo y una visión preventiva responde a estándares internacionales que desde hace años impulsan organismos especializados en salud y seguridad ocupacional.

Sin embargo, toda buena política pública enfrenta el mismo desafío: pasar del papel a la realidad. Ecuador conoce demasiados ejemplos de normas técnicamente bien diseñadas que terminaron convertidas en letra muerta por falta de recursos, fiscalización o voluntad política. El Sisat no puede recorrer ese mismo camino.

La implementación progresiva anunciada por el Ministerio de Salud exige coordinación entre instituciones públicas, empleadores, trabajadores, universidades y profesionales especializados. Pero también requiere algo igualmente importante: claridad sobre los mecanismos de supervisión y acompañamiento. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo nacional, necesitarán apoyo técnico para cumplir las nuevas disposiciones sin que ello se traduzca únicamente en mayores cargas administrativas.

Existe otro aspecto que merece atención. La inclusión de la salud mental dentro del concepto de salud ocupacional responde a una realidad que durante años permaneció invisibilizada. El agotamiento extremo, la ansiedad, el acoso laboral o los riesgos psicosociales afectan el desempeño tanto como una lesión física. Reconocerlos normativamente es un avance, pero será indispensable desarrollar indicadores, protocolos y capacidades para que esta dimensión no quede reducida a una declaración de principios.

La competitividad de un país no depende únicamente de carreteras, inversión o incentivos tributarios. También se construye con trabajadores sanos, motivados y protegidos. Las economías más dinámicas han comprendido que la prevención reduce costos, mejora la productividad y fortalece la sostenibilidad de las organizaciones.