Tras varias semanas de incertidumbre sembrada por el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), que denunció la supuesta presentación de firmas falsas por parte de varios partidos y movimientos, ahora se aplaza el proceso de revisión de las firmas, sin nueva fecha para su reanudación.
Es insólita la decisión, toda vez que hasta el 17 de octubre todos los partidos y movimientos políticos con carácter nacional y provincial deben estar aptos para participar en las elecciones del próximo 17 de febrero de modo inaplazable. Varios de esos partidos y movimientos recibieron luz verde para seguir adelante antes de que el propio Consejo anunciara al país las sospechas de la falsificación de firmas. Otros partidos y movimientos todavía no habían recibido el documento oficial pero funcionarios del CNE ya les habían anunciado su inscripción.
Con esta denuncia se mancha un proceso electoral que debe contar con absoluta transparencia. La fe pública está en cuestión y la credibilidad de todo el sistema político y de las autoridades electorales del país sale severamente tocada.
Si existieron firmas falsas, si hubo compra de bases de datos o presentación de documentación incorrecta, debe determinarse en procesos judiciales, pero esto de ninguna manera puede ni debe alterar el proceso electoral. Si los partidos y movimientos, de Gobierno u oposición, están cuestionados, es algo que habrá que dilucidar, pero se debe garantizar elecciones limpias y libres.
La información de las personas se considera sagrada. La revisión hoy ha quedado suspendida por cuanto se ha determinado que los inexpertos contratados para el proceso tardaron 15 veces el tiempo calculado. Es un tema delicado que no merece un tratamiento ligero.