En el aniversario 73 de la Policía, el Mandatario volvió a insistir en que se ha entregado dinero e infraestructura, pero dijo que hay que avanzar en la modernización de la Policía.
Cuando los ecos de la insubordinación policial del 30 de septiembre todavía se escuchan y la anunciada reorganización institucional no termina de ponerse en práctica, la sociedad entera está pagando la alta factura de la inseguridad creciente, con unas fuerzas policiales que se formulan interrogantes sobre su futuro y unas autoridades que planifican los cambios desmontando la estructura militar que la Policía ha tenido durante muchas décadas.
Varios altos cargos policiales manifestaron en días pasados sus inquietudes, que reflejan el sentir de una institución cuya imagen y cohesión interna quedó debilitada tras los graves sucesos del 30 de septiembre. Las advertencias públicas tuvieron respuestas y todavía hay que clarificar aspectos como el cambio en la Policía Judicial. En principio se habló de un cuerpo de detectives civiles, para luego formular una estructura mixta.
Otras tareas como las de migración y tránsito -esta última que debería pasar a competencias municipales- distraen a los policías de su primera misión: la lucha antidelictiva y el control de las actividades ilícitas del narcotráfico, que han supuesto el crecimiento del crimen organizado y su perversa influencia, el sicariato y otras fuentes de corrupción que han contaminado a una institución vital en cualquier tejido social de un país que busca una sólida estructura.
La sociedad demanda del Gobierno una reorganización policial, buscando limpieza, eficiencia y profesionalismo y alejando el fantasma de la politización, un cáncer que podría carcomer a una estructura de suyo frágil y lastimada.