La muerte de la abogada María Belén Bernal ha sacudido a la opinión pública del país y ha remecido la estructura de la Policía Nacional. La supuesta autoría del femicidio por parte de su esposo, oficial e instructor del organismo de seguridad, junto con la presunción de que el hecho ocurrió al interior del lugar en donde se forman quienes tienen la responsabilidad de dirigir a la institución han creado una sombra de duda sobre los miembros de la entidad.
La incertidumbre crece por las imágenes de otro servidor policial que agredía a su pareja en Vinces (Los Ríos) la semana pasada, y por el caso de otro miembro de la corporación que contrató en Ibarra a sicarios en abril pasado, para matar a su pequeña hija con el fin de evitar el pago de la pensión de alimentos.
Así, no es extraño preguntarse qué formación reciben aquellos policías que tienen como uno de sus instructores a un sospechoso del crimen de su pareja y qué fuerza moral tienen quienes apareciendo como agresores de mujeres y autores intelectuales de filicidios están llamados, como parte de sus tareas, a intervenir en casos de violencia doméstica y de género. Ello sin contar los casos de uniformados descubiertos como integrantes de bandas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos, además del saqueo en las narices de los propios policías de millones de dólares de su fondo de pensiones.
Por ello, el clamor ciudadano expresado a raíz del asesinato de la abogada Bernal para que se reestructure a la Policía Nacional, proceso anunciado desde el viernes por el Gobierno, es una necesidad que debe ejecutarse de manera inmediata.
Por supuesto que, como ocurre en todos los casos, no se puede generalizar y decir que todos los integrantes de la entidad son malos elementos. Pero si los miembros de la organización quieren contar con la confianza de la mayoría de los ciudadanos, deberán someterse a las pruebas y procesos que sean necesarios para asegurar que la mayoría de los uniformados tienen las destrezas necesarias para ejercer su labor y, sobre todo, la probidad para “servir y proteger” como reza el lema de la Policía.