Quito debe escuchar a sus quebradas

Las quebradas de Quito vuelven al debate público cuando las lluvias arrastran lodo, basura y sedimentos hacia las calles y viviendas. Esa atención debe convertirse en una política permanente. La seguridad de quienes habitan las laderas y las zonas bajas exige proteger los cauces, ordenar el crecimiento urbano y sostener el mantenimiento de la infraestructura. La prevención debe marcar el calendario municipal durante todo el año.

La capital tiene más de 800 quebradas y 113 constan como críticas dentro del Plan de Eventos Climáticos. Además, el Municipio identifica 321 barrios con susceptibilidad alta o moderada a inundaciones y movimientos en masa. Estas cifras describen una exposición que demanda prioridades claras, coordinación institucional y seguimiento público. Cada intervención debe responder a criterios técnicos y a la urgencia de proteger vidas.

Los trabajos en Jerusalén, El Tejar y Navarro Sur son necesarios. El retiro de sedimentos, la limpieza de captaciones y el mantenimiento de taludes ayudan a reducir obstrucciones y deslizamientos. Sin embargo, una estructura despejada puede recibir nuevos materiales con la siguiente precipitación. Esa dinámica obliga a mantener inspecciones continuas y a actuar también sobre las condiciones de las partes altas de las microcuencas.

‘Los sistemas de alerta temprana merecen una prioridad concreta en los sectores con emergencias recurrentes’.

Lo ocurrido en Buenaventura de Chillogallo muestra la relación entre el estado del territorio y sus consecuencias aguas abajo. Las inspecciones identificaron pérdida de cobertura vegetal y suelo expuesto en la zona superior. La lluvia transportó materiales y el volumen superó la capacidad del drenaje. La respuesta posterior permitió despejar la vía y revisar las instalaciones. La tarea de fondo exige reducir las condiciones que favorecieron el incidente.

La expansión urbana también debe ocupar el centro de la discusión. Las superficies impermeables limitan la infiltración y aumentan el agua que llega a calles, quebradas y drenajes. Las construcciones próximas a los taludes demandan controles y decisiones sustentadas en evaluaciones de riesgo. El ordenamiento territorial pierde su sentido si permite ocupaciones que comprometen la seguridad de sus habitantes y de los vecinos.

La responsabilidad ciudadana es igualmente ineludible. Los muebles, escombros y residuos domésticos encontrados en los cauces revelan prácticas que afectan a toda la comunidad. Arrojar basura a una quebrada puede agravar una obstrucción y trasladar sus consecuencias a otros barrios. El Municipio debe facilitar la disposición adecuada de desechos, ejercer control y aplicar las sanciones correspondientes. Los vecinos deben cuidar estos espacios y denunciar su deterioro.

La inversión también requiere transparencia. El Plan de Eventos Climáticos contempla USD 55 millones para 2024-2026 y, según la información municipal, su ejecución supera los USD 42 millones. La ciudadanía necesita conocer qué obras están concluidas, cuáles siguen pendientes y cómo contribuyen a reducir el riesgo. El gasto debe evaluarse por sus resultados y por la protección que ofrece a las zonas más expuestas.

Los sistemas de alerta temprana merecen una prioridad concreta en los sectores con emergencias recurrentes. Su utilidad depende de mecanismos que permitan anticipar peligros y de comunidades que sepan cómo actuar. La información oportuna, las rutas de respuesta y la coordinación entre entidades deben formar parte de la preparación cotidiana.

El Niño exige vigilancia. Quito necesita, además, una política de largo plazo para sus quebradas. Protegerlas es una obligación de seguridad pública que compromete a autoridades y ciudadanos.