
Ecuador cuenta información clara y comprobada sobre los riesgo que tiene la pequeña población de delfines de río de la Amazonía.
Un estudio de 10 años, dirigido por el investigador Víctor Utreras en conjunto con entidades privadas y públicas, da nombre y cifras a las tres amenazas que pesan sobre los delfines rosados y grises de la Amazonía de Ecuador: la cacería, la pesca incidental y el cambio climático. Ya no se trata de sospechas.
Ecuador ya conoce las tres amenazas que matan a sus delfines de río; lo que falta no es información, sino la decisión de convertirla en política pública.
El país conoce el mapa completo de lo que mata a una especie en peligro crítico de extinción, y ese conocimiento abre una responsabilidad clara no solo para las autoridades nacionales y locales, sino también para las comunidades que conviven con esta especie emblemática de Ecuador.
Cuando se sabe qué causa el daño, el siguiente paso deja de ser un misterio para actuar de forma inmediata y con acciones de conservación oportunas, sobre todo con esta especie.
Con apenas 250 delfines rosados y unas pocas decenas de grises, cada muerte cuenta. El estudio -entre 2015 y 2025- registró 50 en una década, un promedio de cinco al año por causas humanas. Frente a datos tan precisos, el Estado tiene margen para diseñar políticas de preservación con metas concretas, plazos y responsables, en lugar de respuestas tardías y dispersas.
En este caso tan delicado hay un camino ya trazado. Investigadores de la Corporación BYOS, World Wildlife Fund (WWF), el Grupo de Conservación de Delfines de Río del Ecuador y técnicos del Ministerio del Ambiente (incluido Inabio) trabajan con las comunidades de la ribera para generar conciencia y acciones.
Capacitan a guías para un turismo que observe a los delfines sin tocarlos y construyen con los pescadores acuerdos de pesca responsable: redes que el animal pueda detectar, prohibición de tender mallas de orilla a orilla y un veto firme a la dinamita y a los venenos que matan peces y arrastran también a los delfines. Este tipo de acciones, que combina ciencia, ley y diálogo comunitario, merece continuidad y financiamiento estable.
Hacer turismo responsable es posible. Nadie le pide a una comunidad amazónica que renuncie a su sustento; se le ofrece una alternativa que cuida el río y, a la vez, genera ingresos. Así, la conservación se vuelve una oportunidad compartida.
Ecuador tiene el diagnóstico claro. Lo que sigue es una decisión: convertir ese conocimiento en política pública antes de que la cuenta de cinco al año siga corriendo.