El crecimiento experimentado por la capital del Ecuador, las múltiples demandas de obras y urgencias en temas como la seguridad, el tráfico y la planificación urbana demandan repensar el modelo de ciudad y agilitar la tramitología y los procesos.
En el país la obra pública se ve obligada a una serie de requerimientos que entorpecen su ejecución. Engorrosas licitaciones llenas de papeles y detalles minuciosos, en parte obligados por una lamentable corrupción que se ha enquistado en el ejercicio del poder.
Esta pereza en la contratación pública junto a los largos papeleos y el tiempo que las propias obras demandan, conducen a demoras en los plazos de entrega y a elevación de costos que arrojan casi siempre reajustes en los presupuestos finales diferentes a los establecidos en la planificación.
El deslizamiento de tierras en la avenida Simón Bolívar de Quito, obra vital construida para enlazar a la capital con el sur del país y la Costa, impide la agilidad del tráfico y ha obligado a trancones insoportables durante ya varios meses consecutivos.
Otro caso digno de anotarse es aquel de la destrucción, cuando vándalos sin sentido en las manifestaciones estudiantiles atacaron la parada Epiclachima del Corredor Sur Oriental de Quito. El cumplimiento de los procesos para una obra aparentemente sencilla, muestra las dificultades de la tramitología oficial.
A nivel del Gobierno Central, el recurso de la declaratoria de emergencia ha servido a veces para agilitar los procesos pero, cierto es, se presta a más de una susceptibilidad sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Quito debe optar por mecanismos de control eficientes y de contratación transparente, pero que respondan a las frecuentes situaciones de urgencia.