Las reiteradas declaraciones presidenciales sobre el juicio que sigue contra los autores del libro que denuncia los contratos de su hermano con el Estado, hacen suponer que en poco tiempo ese caso puede convertirse en un nuevo ataque a la libertad de expresión y que pondrá nuevamente a prueba la acción de la justicia. La velocidad con la cual la jueza encargada tramitó un pedido del presidente Rafael Correa refuerza el temor de que se reactive otro juicio, en el cual el Mandatario demanda millonarias sumas a los dos autores de la investigación, como ya sucedió en su querella contra El Universo, sus directivos y su ex editor de Opinión.
Este caso, que todavía tiene que ser revisado en otras instancias nacionales e internacionales, está demasiado fresco y, por lo visto, la ofensiva desplegada por el Gobierno no ha sido suficiente para menguar el impacto de un asunto en el cual están involucrados los derechos a la libre expresión, no de un medio de comunicación sino de una colectividad. En el caso sobre el libro ‘El Gran Hermano’, la acusación se centra en la afirmación de los autores de que el Presidente conocía sobre los contratos, tema que deberá absolverse en un proceso justo, pero sin olvidar que el meollo es la denuncia de una situación que podía ser perjudicial para el Estado. Por eso, para los ciudadanos, más importante que la autoría de la frase es saber qué pasó con dichos contratos. El Gobierno debiera sopesar el efecto de los juicios en la opinión internacional que, incluso antes de la sentencia contra El Universo, sigue con preocupación la relación entre el Gobierno y los medios, así como la situación de la libertad de expresión en el país. Las explícitas declaraciones de los parlamentarios alemanes que visitan el país a propósito de un posible apoyo a la Iniciativa Yasuní-ITT son otra muestra.