Las explicaciones de la Cancillería sobre la denuncia de presiones para que el hasta hace poco presidente del Consejo Permanente de la OEA, el diplomático ecuatoriano Francisco Proaño Arandi , no convocara a una sesión extraordinaria pedida por Colombia para acusar a Venezuela de presuntos vínculos con las FARC, no son del todo convincentes.
Proaño es un ex funcionario de carrera conocido por la seriedad en el desempeño de sus funciones. Su razonamiento es que no podía ceder a los pedidos del canciller Ricardo Patiño para que postergara la convocatoria a la cual todos los países miembros, y en este caso Colombia, tienen derecho. La carta enviada por el secretario general del organismo, Miguel Insulza, en respuesta a un pedido de postergación de la sesión por parte del Canciller ecuatoriano, es categórica y habla por sí misma.
El diplomático quedó en medio de los reglamentos de la OEA y la intención del Gobierno, que ha explicado que antes quería hacer consultas para analizar el momento político que podría afectar el nivel de relación de los miembros de la organización. Inmediatamente, la Cancillería anunció que la nueva embajadora ante el organismo sería María Isabel Salvador, pero eso no ha evitado que el Ecuador sea el blanco de suspicacias sobre las orientaciones de su política exterior.
La reunión se cumplió de todas maneras, convocada por el nuevo Presidente, y tras las denuncias colombianas vino el anuncio de la ruptura de relaciones por parte de Venezuela, lo cual complica el derrotero diplomático que se había trazado el presidente electo Juan Manuel Santos.
Tras el incidente, queda pendiente una explicación de las líneas maestras de la política internacional ecuatoriana, sobre todo en cuanto a las reivindicaciones de soberanía.