El anuncio del posible establecimiento de peajes en la Ruta Viva ha encendido un intenso debate en Quito. Esta vía, que conecta la capital ecuatoriana con el Aeropuerto de Tababela y el valle de Tumbaco, es una arteria clave para la movilidad de miles de ciudadanos. Sin embargo, su deterioro progresivo ha llevado a las autoridades a plantear un mecanismo de financiamiento que garantice su mantenimiento.
Desde su inauguración, la Ruta Viva ha sido considerada una solución eficiente para mejorar la conectividad de la ciudad con una de sus zonas de mayor expansión del Distrito Metropolitano. No obstante, el desgaste de la calzada, la falta de iluminación en ciertos tramos y el mantenimiento insuficiente han generado preocupación en los usuarios. El Municipio de Quito ahora evalúa la implementación de un sistema de peajes, una decisión que ha provocado reacciones divididas entre ciudadanos, transportistas y expertos en movilidad.
Los defensores de la medida argumentan que el cobro por el uso de la vía permitiría garantizar un mantenimiento continuo sin afectar otros rubros del presupuesto municipal. En países como Chile o Colombia, los peajes han sido clave para el sostenimiento de corredores viales de alto tránsito. En Quito, donde los recursos para infraestructura son limitados, la implementación de esta medida podría asegurar la conservación de la Ruta Viva sin depender exclusivamente del presupuesto público.
Según el Municipio de Quito, el costo del peaje aún no está definido, pero se analiza una tarifa que oscilaría entre 0,50 y 1,50 dólares por vehículo liviano. Se estima que la recaudación podría superar los 10 millones de dólares anuales, fondos que serían destinados al mantenimiento vial y mejoras en seguridad.
Sin embargo, los detractores consideran que esta medida afectará directamente a los ciudadanos que utilizan la Ruta Viva a diario. La zona del valle de Tumbaco ha experimentado un crecimiento urbano significativo, lo que ha convertido a la vía en una opción indispensable para quienes trabajan en Quito. La preocupación principal radica en que la instalación de peajes podría representar un costo adicional para miles de familias que ya enfrentan un alto costo de vida.
Otra inquietud es la transparencia en la gestión de los fondos recaudados. Experiencias previas en Quito han demostrado que el cobro de peajes no siempre garantiza un mantenimiento eficiente de las vías. Ejemplos como la Autopista General Rumiñahui evidencian que, a pesar del cobro permanente, las mejoras en infraestructura tardan en ejecutarse o son insuficientes. La ciudadanía exige claridad sobre cómo se administrarán los recursos y cuáles serán los beneficios tangibles a corto y largo plazo.
El debate también se centra en la equidad de la medida. Si bien el mantenimiento de la Ruta Viva es una necesidad innegable, algunos sectores de la población consideran que los peajes penalizarían de manera desproporcionada a ciertos usuarios. La posibilidad de generar un esquema de tarifas diferenciadas, descuentos para residentes o alternativas de financiamiento podría aliviar las preocupaciones de quienes se verían más afectados económicamente.
En otras ciudades de la región, como en Lima y Bogotá, la instalación de peajes urbanos ha generado controversia debido a la falta de transparencia y a problemas de congestión en rutas alternas. En Quito, existe el temor de que muchos conductores busquen rutas paralelas para evitar el pago, lo que podría sobrecargar vías como la Interoceánica o la Simón Bolívar, generando nuevos focos de congestión.
La postura de los ciudadanos ha sido clara. En redes sociales y foros de discusión, muchos quiteños han manifestado su rechazo a la medida. Argumentan que la Ruta Viva fue concebida como una vía de libre acceso financiada con impuestos. Sin embargo, también hay quienes consideran que si se garantiza un servicio de calidad, con mantenimiento periódico y mejoras en seguridad vial, el pago podría justificarse.
El Municipio de Quito tiene el desafío de encontrar un equilibrio entre garantizar el mantenimiento de la Ruta Viva y no generar un impacto económico negativo en los ciudadanos. La discusión debe incluir mecanismos de control y fiscalización para evitar que los fondos recaudados sean mal administrados. Además, es fundamental explorar alternativas complementarias, como la participación de concesionarias privadas, modelos de colaboración público-privada o la asignación de recursos de otros sectores para evitar que el costo recaiga únicamente sobre los usuarios de la vía.
La decisión sobre la instalación de peajes en la Ruta Viva marcará un precedente en la gestión de la infraestructura vial de la ciudad. La clave estará en garantizar que cualquier solución adoptada sea justa, eficiente y transparente, priorizando el bienestar de los quiteños y la sostenibilidad de la movilidad en la capital.
