La humanidad avanza a pasos agigantados. Junto a los últimos adelantos de la ciencia y los planteamientos sobre el origen del universo, el respeto a los derechos humanos es norma de convivencia civilizada que debe regir para todos los seres del planeta.
Nuestro país es parte del ordenamiento jurídico y se instala con plenos derechos pero también obligaciones en los organismos internacionales de tanto prestigio y validez como la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, entre otros.
La Constitución que rige, aprobada en las urnas, se pronuncia con claridad sobre los tratados internacionales. Proclama los principios de las relaciones internacionales, exige el respeto a los derechos humanos y reconoce al derecho internacional como norma de conducta.
La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ha efectuado decenas de visitas a los países que presentan problemas. La CIDH ha condenado las prácticas de las dictaduras del Cono Sur.
El país ha reconocido la alta investidura del organismo. Solo en la última década, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ha admitido 44 casos ecuatorianos. Un promedio de 4 casos por año. El caso Restrepo se conoció allí y en un último episodio, la muerte en el campamento de las FARC del ecuatoriano Franklin Aisalla se ventiló a petición de este Gobierno.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. La ríspida reacción oficial por el tratamiento de la situación ecuatoriana en la CIDH y la inaceptable calificación del Canciller como de intromisión revelan o desconocimiento o una intención de insospechadas proporciones.
61 asambleístas piden que venga la CIDH. ¿Por qué no se invita al alto organismo?