El 13 de septiembre algo cambiará en el país. Concluye el estado de excepción. La Corte Constitucional habló.
El Ecuador afrontará desde entonces un nuevo momento en materia de control de la salud y de la expansión del virus que ha sido mortal.
En esa fecha las cosas cambian en materia de responsabilidad personal: esta cobra mayor peso. Igual sucede en los ámbitos de control y administración de cada cantón.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que ha coordinado con los comités cantonales, ya no podrá funcionar con base en la excepción. La Constitución impide que esta se perennice, en la medida en que están en juego las libertades de asociación y de movilización.
La decisión, a su vez, tiene consecuencias en la acción de la fuerza pública, por ejemplo. Es indispensable que cada uno asuma su rol, ante su propia salud y la de su familia, y pensando especialmente en las personas vulnerables y el entorno laboral.
Los municipios empiezan ya a destinar recursos para campañas. Tal es el caso de Ambato o Atacames, por ejemplo. Se trata de que la gente tenga en cuenta las recomendaciones.
Hay ciudades como Ibarra y Tulcán que ya se han reunido. Lo propio sucede con Latacunga y Cuenca.
Santo Domingo pondrá atención especial en las aglomeraciones en cada uno de los barrios y sitios concurridos para evitar contagios.
La organización de fiestas masivas ha llamado la atención y ha agotado a las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas en el patrullaje.
Ahora la actitud personal y el control en cada ciudad deberá ponerse en vigor desde el 13 de septiembre.
Es verdad que no todos los cantones ni municipios tienen la infraestructura ni la experiencia. Para ello, el traslado de la experiencias del COE nacional es clave.
Debemos salir extremando cuidados, levantar la economía sin dejar de lado la salud y la máxima higiene.
Todos estos recaudos suponen aquella nueva normalidad de la que han hablado autoridades de otros países y de la que vienen hablando las autoridades nacionales.