El proceso judicial para establecer responsabilidades en el caso denominado Sobornos trajo novedades.
Ayer, la Fiscal General solicitó una nueva orden de prisión preventiva en contra de Rafael Correa. Lo mismo ocurre con Jorge Glas, procesado en el caso Odebrecht, y con dos exministros: Walter Solís -prófugo por otra causa- y Vinicio Alvarado, que está fuera del país. Guardan detención domiciliara Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte. Todos ellos cumplieron altas funciones en el Gobierno anterior. Muchos otros funcionarios de alto nivel están detenidos, son juzgados o también andan prófugos.
Adicionalmente a la petición de enjuiciamiento y las órdenes de detención contra los exfuncionarios, un grupo de empresarios ha sido señalado por apoyar la actividad política con una presunta facturación ilegal.
El caso, que inicialmente se ventiló como una denuncia en portales digitales, escaló a la Fiscalía General. Este alto organismo ha tenido que enfrentar una avalancha de casos de presunta corrupción cometidos en los diez años del gobierno anterior. Algo inédito en la historia del país.
El juicio por el caso Sobornos, las nuevas revelaciones en esta trama y el señalamiento de más personas presuntamente implicadas puede tardar un buen tiempo. Incluso pueden aparecer nuevas conexiones.
Pero más allá de las presunciones y órdenes de detención, el caso Sobornos deja otras grandes lecciones al país que hay que afrontar.
La posible construcción de un sistema de corrupción y de manejos del sistema judicial desde el gobierno, exigen una reflexión de la sociedad toda. El poder sin contrapesos y sin control llega a ser pernicioso.
Hoy toma otro sentido la argumentación que escondía aquella frase de ‘meterle las manos a la justicia’. Al parecer, no era para volverla independiente y equilibrada sino todo lo contrario, para cooptarla políticamente, someterla a un modelo de concentración donde un sistema corrupto sin precedentes pudiera haberse montado con el dinero de todos y en beneficio de un clan.