Movilidad y corrupción

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Martes 24 de abril 2018

La apertura de indagaciones y expedientes contra varios funcionarios municipales y hasta dos ediles causó sobresalto.

El 19 de abril hubo allanamientos. La autoridad puso la mira en dos altos funcionarios de la administración municipal que luego fueron separados. También la indagación apunta a dos concejales del Cabildo quiteño que no han renunciado y alegan inocencia. Una presunción que, por otra parte, está garantizada por la Constitución.

La supuesta red habría movido alrededor de USD 80 millones en relación con los permisos de circulación de cooperativas y la capacidad de operar ciertos taxis. 10 000 unidades están en proceso de regularización, y es allí donde la indagación debe penetrar a fondo. Otro tema que se debiera revisar es la entrega de compensaciones a varias unidades de transporte público.

Los presuntos delitos van desde asociación ilícita hasta enriquecimiento no justificado, pasando por concusión.

Más allá del trabajo de la justicia que, como sabemos, tiene sus tiempos, el telón de fondo de esta situación es el pésimo servicio de transporte público con el que cuenta nuestra capital.

La ciudadanía merece respeto, calidad, seguridad, comodidad, tiempos de desplazamiento adecuados, lo cual -es evidente- no ha sucedido en años.

Si se añade la denuncia de corrupción, en ella pudiéramos encontrar algunas de las causas de la deficiencia, pero no la única, que quede claro. Hay que cambiar a fondo, es algo urgente.