El desasosiego que provocó entre los médicos la aprobación del Código Orgánico Penal Integral, con el fantasma de la cárcel, parece diluirse, aunque no del todo.
El acuerdo entre una parte de la dirigencia gremial con el Gobierno buscó una salida: una interpretación de la Corte Nacional de Justicia mediante una cláusula cuya redacción habrán de proponer los propios médicos.
Sin embargo, muchos temas sobre la mala práctica profesional, que preocuparon a los profesionales de la salud, quedan intactos en el Código. Ellos constataron que, pese al compromiso, el veto presidencial no llegó para el polémico artículo 146.
Lo deseable sería que, para dejar este tema claro de una vez por todas, se emprenda en una rápida reforma a los temas comprometidos antes de que en seis meses entre en vigor este instrumento legal que expertos juristas consideran punitivo.
Queda la figura caricaturesca de un juez opinando si una intervención quirúrgica de emergencia debió hacerse o no.
Por lo pronto y frente a la presión social y a la coyuntura política electoral siempre incómoda para el poder de turno, se desactivó la bomba de tiempo del descontento. El Gobierno logró dividir las posturas de la dirigencia gremial. Las marchas pueden bajar de tono y la advertencia de reemplazar a los médicos ecuatorianos con profesionales extranjeros se dilata aunque no de modo definitivo y penderá como una amenaza constante.
Se saluda el diálogo, a la espera de que los acuerdos se cumplan.