Ley de Aguas, otra polémica

Nuevamente la mayoría del Gobierno se impuso con sus votos en la Asamblea Nacional al tratar la Ley de Recursos Hídricos.
En el debate entre el garantismo constitucional y la concentración de poder, otra vez ganó la segunda opción, que es una realidad política más contundente que las proclamas demagógicas.

El agua es fuente de vida, es indispensable para producir y dar alimentos a precios asequibles y en volumen suficiente, y es motivo de disputa y poder.

El agua es un derecho de toda la gente y la ampliación de la frontera agrícola, que se ha ido empinando hacia las alturas de los páramos andinos, pone en serio riesgo el abastecimiento abundante del líquido vital en nuestro país.

El manejo del agua es tema delicado en tanto entraña la soberanía alimentaria, y en esa medida debiera estar alejado de intereses mezquinos. La aprobación de la Ley no ha disipado la polémica entre quienes creen que el manejo debe ser del Estado y entre quienes defienden que debe ser de las comunidades.

La Constitución en su artículo 262 manda de manera categórica que los gobiernos regionales autónomos -que todavía no se implementan y cuya vigencia corre peligro- tengan bajo su responsabilidad las cuencas hidrográficas.

Es mandato inexorable para las autoridades garantizar agua para todos y además evitar tensiones. En un siglo clave por la advertida carencia de agua, el equilibrio es la tesis altruista que la sociedad demanda para evitar un mapa de guerras y sus secuelas siniestras.

Suplementos digitales