Ecuador posee uno de los patrimonios naturales más ricos del planeta, con una biodiversidad marina que atrae a científicos, turistas y activistas ambientales de todo el mundo. Sin embargo, recientes acontecimientos ocurridos en Manabí —la muerte de un bebé delfín el 28 de abril de 2025 tras ser manipulado por pescadores, y la captura de un tiburón toro en Puerto López— evidencian una dolorosa realidad: el país no está haciendo lo suficiente para proteger su fauna marina.
Ambos casos no solo reflejan un desconocimiento generalizado sobre cómo actuar frente a animales marinos en peligro, sino también una falta de control institucional. La legislación ecuatoriana ya contempla sanciones para quienes atenten contra la vida silvestre. El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas claras. Sin embargo, la norma por sí sola no basta. Cuando la ley no se aplica con firmeza, los delitos ambientales se normalizan. Es necesario estar atentos al desarrollo de la investigación penal que el Ministerio del Ambiente presentó en Manabí para sancionar a los pescadores que se llevaron el cuerpo del tiburón toro, varado el 11 de junio en la playa de Crucita.
Ecuador necesita profundizar en el control y preservación de las especies marinas, para que no ocurra las pérdidas lamentables como el delfín y el tiburón toro.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) tiene la responsabilidad de articular una estrategia nacional más rigurosa y eficiente. Esta debe incluir no solo educación ambiental permanente y campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades costeras y a los turistas, sino también una respuesta más ágil ante emergencias, especialmente durante feriados y fines de semana, cuando aumentan las interacciones humanas con la fauna marina.
No se trata de criminalizar al ciudadano, sino de actuar con determinación. Las sanciones deben aplicarse cuando se vulnera la ley, pero el énfasis también debe estar en la prevención. Las organizaciones ambientales ya han advertido sobre la urgencia de fortalecer los controles y mejorar la capacidad de reacción institucional. Hacer caso omiso a estas advertencias es permitir que más especies vulnerables mueran por descuido o desinformación.
Cuidar la fauna marina no es una opción, es una obligación ética, ambiental y legal. Si Ecuador quiere mantenerse como un referente de biodiversidad, sus autoridades deben actuar con decisión, sin más demoras. La vida marina no puede esperar.
