Una de las grandes deudas pendientes en materia de justicia tiene que ver con la continua práctica de supuestos ‘ajusticiamientos’ que encierra la justicia por mano propia, ante la ausencia e impotencia de la institucionalidad de la justicia.
Otro aspecto debatible tiene que ver con los límites de la aplicación de la justicia indígena. Hay un mandato de la Constitución que privilegia las prácticas ancestrales circunscritas a los espacios geográficos habitados por nacionalidades autóctonas.
El problema es que no es similar ninguna de las 14 nacionalidades, puesto que no tienen un origen común ni tampoco un desarrollo social homogéneo, ni siquiera un entorno natural similar. La designación de fiscales indígenas no ha sido la llave para solucionar conflictos. La mediación, un arma eficaz para llegar con una solución justa de modo expedito, no ha logrado mayores resultados y las tensiones se mantienen.
Delitos como el abigeato, las violaciones y hasta los asesinatos han generado malestar en varias comunidades y en ocasiones los castigos corporales han sido manifiestos y las formas de purificación (agua o tabaco) refieren a antiguas tradiciones no siempre aleccionadoras y que no evitan la repetición del delito.
El principio de que la ley debe ser para todos se vulnera con estos sistemas especiales. No existe equidad con la sociedad blanco-mestiza o de otros orígenes étnicos que tienen otras normas punitivas diferentes. Se ejecutan linchamientos colectivos ante la sensación de ausencia de justicia y la carencia de la respuesta policial lleva a venganzas horrorosas, hogueras humanas y secuestros injustificables.
Tales los grandes temas de un debate que se aviva y muestra una justicia deficiente y con prácticas anacrónicas.