El viernes se abrió una etapa sin precedentes en la historia nacional. La jueza Daniella Camacho encontró suficientes argumentos en la documentación de la Fiscalía para empezar un juicio por cohecho, que no prescribe y se puede juzgar en ausencia.
Así como se encausa al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a varios exministros y funcionarios de alto nivel de la administración anterior, también se imputó a 10 empresarios privados. La jueza, empero, dictó auto de sobreseimiento sobre tres indagados por no hallar elementos.
Un tema importante es que en todas las diligencias debe observarse el debido proceso y el derecho a la defensa. Los acusados son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Los abogados defensores deben actuar con la ley en la mano y sin subterfugios que entorpezcan la buena marcha de la justicia.
Cabe señalar que la magistrada que tomó la decisión llamó la atención a la Fiscal por no haber presentado sus pruebas con prolijidad. Es quizás un signo de independencia entre un miembro de la Corte Nacional y el Ministerio Público.
Este caso vuelve al debate de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Aquí, como en otras latitudes, los imputados terminan aludiendo persecución.
Solo una justicia transparente, independiente y valiente puede juzgar en derecho y libremente, y eso se espera en este caso, como una guía de conducta que siente precedentes.
La recomposición de la Corte Nacional de Justicia no debe ser un escollo; lo que se espera es que se designe magistrados probos y capaces para terminar de limpiar una tan importante como cuestionada función.
Como el caso Sobornos, hay 900 causas de corrupción a la espera. Las manos de la Fiscalía no alcanzan, pero tampoco se debe descuidar otros hechos de seguridad, delitos contra la vida y acciones de garantías individuales y sociales sin atender.
La opinión pública siempre tiene presente la recuperación de los dineros públicos. Eso, por ahora, parece tener un largo camino por recorrer.