El país está agobiado por la inseguridad. La gente lo sabe, por más que haya voces oficiales que atribuyan la sensación a los medios de comunicación, acaso para lavarse las manos de su propia impotencia.
La semana fue sacudida por el asalto en un concurrido centro comercial del sur de Quito. Además hubo otros hechos violentos de aquellos que se registran ya, tristemente, de modo cotidiano.
Las fuentes policiales revelan que hay 70 delincuentes con armas poderosas que operan en dos o tres bandas. Lo saben, los detienen y al poco tiempo salen libres.
Hace seis meses, las Fuerzas Armadas patrullan las ciudades en función de un decreto ejecutivo. Hacen controles móviles y practican requisas de armas. Estos días se los ha visto en intersecciones populosas.
Los altos mandos apuntan que no tienen armamento adecuado para el patrullaje. Claro, sus fusiles son de combate. La tarea de vigilancia del orden público la asigna la Constitución a la Policía. Las FF.AA. tienen el alto encargo de resguardar la soberanía y la integridad territoriales. Sin embargo, la situación de inseguridad ha llevado a expresiones como las emitidas en la ceremonia militar del 24 de Mayo, donde se anunció que ante situaciones de emergencia intervendrán en temas que son específicos del ente policial.
Los patrullajes en busca de armamento se advierten con distinta intensidad. Talvez sea bueno rotar más ágilmente en las zonas asignadas. Hoy, los delincuentes cuentan con teléfonos celulares y pueden advertir a sus cómplices sobre los operativos que dejan de ser sorpresivos. Los armados ilegalmente pueden escoger rutas alternativas.
La inseguridad es, de acuerdo a sondeos, lo que más preocupa. El Gobierno siente el peso de su responsabilidad.