La inestabilidad institucional conspira contra nosotros y nuestros países

Los países latinoamericanos compartimos, entre otras, dos características: la debilidad institucional y el poco apego de sus habitantes al cumplimiento de las normas. La una acompaña a la otra y no se pueden entender de manera separada. Las instituciones no cumplen con los fines para los que son creadas porque los funcionarios públicos, que también son ciudadanos, no ejecutan las labores que se esperan de ellos y el resto de personas evade controles, normas y disposiciones.

Esta situación es en buena parte el origen de nuestros males, incluida la perenne inestabilidad política. La toma por parte de un grupo de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro de los edificios de los tres poderes del Estado de ese país, este 8 de enero de 2023, para exigir que los militares tomen el poder es un ejemplo de ello. Los bolsonaristas se niegan a aceptar los estrechos resultados electorales que llevaron a la Presidencia a Lula Da Silva, simplemente porque no beneficiaron a su candidato. Esto a pesar de que la democracia establece que una elección se puede ganar incluso por un voto.

Cosas parecidas ocurren en nuestras naciones por ejemplo en el plano judicial y constitucional. Es común que individuos o colectivos presenten sus discrepancias y dirimencias ante jueces de diversas instancias e incluso juren ante la prensa que acatarán las sentencias o determinaciones de los magistrados. Sin embargo, cuando el dictamen no les favorece salen a decir, muchas veces sin pruebas, que la justicia está amañada.

En términos más personales, los cuatro fallecimientos registrados este fin de semana en siniestros de tránsito ocurridos en Guayas y Pichincha son otra muestra del quemeimportismo frente a la ley y las normas básicas de convivencia. El volcamiento ocurrido la madrugada del 7 de enero en Samborondón que dejó una víctima y el choque sucedido esa noche en una de las salidas de Quito, con saldo de tres fallecidos, no fueron producto del azar, sino responsabilidad de los involucrados.

Casi todos expresan admiración por la fuerza de las instituciones y el respeto a las normas que priman en las naciones desarrolladas. Sin embargo, son pocos los que están dispuestos a hacer lo necesario para tener una institucionalidad semejante y se esquiva con mucha facilidad el cumplimiento de la ley. Y así, será muy difícil construir mejores sociedades.