Mientras el discurso oficial insiste en que la situación económica de los ecuatorianos ha mejorado de manera sustancial en estos cinco años de Gobierno, la realidad cotidiana demuestra otra cosa.
Al empezar este año, al paquete de tributos llamado “impuesto verde” se sumó un nuevo salario básico que aumentó en 10,6% y, en la mayoría de ciudades del país, el incremento en el impuesto predial.
Las cargas impositivas y los mayores costos afectan directamente a las empresas, las cuales, como mecanismo de reacción, reajustaron sus costos de producción para compensar sus nuevos egresos y, en consecuencia, los precios al consumidor se elevaron inmediatamente.
Las alzas tributarias inciden en el bolsillo del ciudadano, en especial el de clase media y el de pocos recursos. Y esto significa que, al final, las medidas económicas que adoptan el Gobierno central y los Municipios (la mayoría presididos por alcaldes militantes de Alianza País) afectan a la mayoría de ecuatorianos.
Suele decirse que la dolarización en el país, adoptada desde el año 2000 como medida de salvación ante la graves crisis provocada por la corrupción y el manejo alegre de los fondos por parte de bancos hoy desaparecidos, vino a estabilizar los precios y a permitir que las personas pudieran planificar mejor el uso de sus ingresos y recursos.
Pero es una apreciación relativa si se comparan los resultados anuales de inflación en el Ecuador con las de los países vecinos, que tienen sus monedas propias.
Una inflación en dólares del 5,41 por ciento no es un buen resultado para finalizar un ejercicio fiscal. El Gobierno y sus estrategas económicos, más allá de los discursos, deben preocuparse mucho más por el impacto de esa cifra en la cotidianidad de la gente.