Impuesto a los ingresos de microempresarios

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Viernes 22 de enero 2021

En el afán de simplificar los trámites para el pago de tributos, las nuevas reglas que se aplican a los pequeños negocios está generando problemas para cientos de contribuyentes.

La normativa nació con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada a fines del 2019 y vigente desde enero del 2020. En lo básico, dispuso que el régimen impositivo para microempresas sea obligatorio para quienes perciban ingresos superiores a USD 300 000 al año y tengan hasta 9 trabajadores. Para el pago del tributo se aplica una tasa del 2% sobre los ingresos brutos.

Con base en la nueva normativa, el Servicio de Rentas Internas (SRI) armó los reglamentos y un catastro que incluyó a cerca de un millón de microempresarios, que representan el 45% de los contribuyentes del país.

El tributo a este sector empezó a cobrarse desde este mes y ocasionó malestar en muchos microempresarios, básicamente porque tienen que pagar un impuesto así no hayan generado utilidades durante el año pasado, que se caracterizó por la caída de las ventas en medio de la pandemia. De ahí que algunos han tenido que endeudarse para pagar al SRI.

Las fallas que registra el sistema informático del SRI desde el fin de semana pasado complicaron más este tema, por los recargos que se cobran a quienes no pagan a tiempo sus obligaciones. El SRI tuvo que reprogramar las fechas para evitar más problemas a los contribuyentes.

Lo que está sucediendo ahora con muchos microempresarios recuerda al anticipo del impuesto a la renta (IR) que aplicó el gobierno anterior, que se calculaba sobre los ingresos, gastos, activos y patrimonio. En la práctica, esa normativa generó problemas de liquidez a las empresas.

Pero también hoy existe el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), el cual se grava sobre los ingresos de hasta USD 60 000 al año.

Si bien el nuevo régimen para los microempresarios reduce el número de declaraciones anuales, es importante afinar el sistema. Y si es necesario una reforma a la ley vigente, a los reglamentos o al catastro, hay que analizar esas posibilidades.