La violencia en Ecuador es una de las principales causas de muerte infantil en el país. Según datos del Ministerio del Interior, de enero a noviembre del 2024, se registraron 6 275 homicidios intencionales. Apenas cinco años antes, en 2019, estos crímenes sumaron 1 189. Es decir aumentaron cinco veces.
En un país con 18,1 millones de habitantes, la tasa de 35 homicidios por cada 100 000 personas posiciona a Ecuador entre los países más violentos de América Latina. Para ponerlo en contexto, la tasa de homicidios en 2019 era de 7 por cada 100 000 habitantes.
Esta realidad se vuelve aún más desgarradora cuando las víctimas son niños inocentes. Un ejemplo reciente es el trágico fallecimiento de una bebé de cinco meses en Manta, ocurrido el 18 de enero, en un ataque armado que cobró la vida de tres personas. Este episodio provoca indignación y evidencia la vulnerabilidad extrema de los más pequeños en medio de un conflicto que parece no tener fin.
El aumento de homicidios entre niños y adolescentes es un hecho innegable. En los 11 meses del 2024, se contabilizaron 496 muertes violentas de menores de 18 años, lo que representa el 8% del total de homicidios en el país.
El crecimiento de este fenómeno está directamente vinculado con la delincuencia común, la violencia exacerbada por el narcotráfico y la lucha por el control territorial entre bandas criminales. A estos factores se suman la violencia comunitaria, intrafamiliar y sexual, contribuyendo a la creciente inseguridad que afecta a niños y adolescentes.
Los datos muestran que los homicidios de menores entre 0 y 17 años aumentaron 9,7 veces en comparación con el 2019. Este incremento expone una profunda crisis que afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades.
La mayoría de los menores que mueren son varones, falleciendo principalmente por heridas de armas de fuego. Según los registros del INEC y del Ministerio del Interior, los homicidios están entre las principales causas de muerte de niños y adolescentes en Ecuador.
Estas muertes violentas no se pueden reducir a simples cifras; son historias que dejan cicatrices imborrables en la sociedad. La reciente tragedia en Manta es un claro ejemplo de niños atrapados en el fuego cruzado de disputas ajenas. La violencia armada destruye hogares y genera un clima de miedo e incertidumbre, afectando gravemente el desarrollo emocional y psicológico de los niños.
Las consecuencias son devastadoras y van más allá del dolor inmediato. En el corto plazo, las familias enfrentan la pérdida irreparable de un ser querido, pero también afrontan problemas económicos y sociales que agravan el trauma.
La situación en Ecuador refleja patrones similares a los de otros países con altos índices de violencia, como México, El Salvador y Colombia. En estas naciones, la normalización de la violencia ha llevado a generaciones enteras a vivir bajo la constante amenaza del crimen organizado. Como resultado, las comunidades sufren una erosión de los mecanismos de protección social. Esto limita el acceso a la educación y servicios básicos, perpetuando el ciclo de pobreza y violencia.
El próximo gobierno de Ecuador debe tomar medidas urgentes para enfrentar esta crisis. Hace falta la implementación de políticas efectivas para combatir la criminalidad. Además, de programas sociales que fortalezcan a las comunidades y protejan a los niños.
Cada vida infantil perdida es una tragedia que no debería repetirse. Es urgente actuar antes de que más familias sufran las devastadoras consecuencias de la indiferencia frente a la violencia.
La reciente muerte de la bebé en Manta no puede pasar desapercibida. No podemos permitir que la violencia siga siendo parte del paisaje cotidiano en Ecuador. Cada vida cuenta, y cada niño merece crecer en un entorno seguro y protegido.