El Examen Periódico Universal al que se sometió el Ecuador en la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, deja algunas lecciones que el Gobierno se resiste a asumir. La delegación oficial fue preparada para abordar los más variados aspectos. El vicepresidente Lenin Moreno habló con argumentos de los avances en materia de las políticas públicas positivas en relación con la atención a personas con capacidades especiales. Junto a él estuvieron el Canciller, la Ministra de Justicia, el Secretario de Senplades y el Embajador ecuatoriano ante la ONU en Ginebra.
Llama la atención que, aparte de los delegados de Fundamedios, no hayan asistido representantes de la sociedad civil, redes y organizaciones no gubernamentales comprometidas con los derechos ciudadanos, para exponer otra visión, distinta a la del discurso oficial.
El documento final, de 67 recomendaciones, busca mejorar la situación de Derechos Humanos. La troika de países que examinaron a Ecuador, compuesta por Suiza, Cuba y Congo, sistematizó el documento. Entre los puntos más críticos sugirió reformar la legislación en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Ecuador se resiste a acoger, pues señala que el referente es la Corte y no la Comisión. El Gobierno tampoco acepta eliminar las leyes de penalización de delitos de opinión, pues dice que no existen, y en cuanto a las visitas de relatores especiales, afirma que las invitaciones han sido hechas, pero la verdad es que nunca ha fijado fechas.Es lamentable que el Gobierno no acoja las sugerencias en materia de libertad de expresión, lo que no hace más que mostrar de cuerpo entero, una vez más, su inflexibilidad en este derecho humano fundamental, base de una auténtica democracia.