El problema no es nuevo y desató malestar a raíz de los cuestionamientos presidenciales al contrato de Los Samanes, que años atrás habían acordado los ministerios de Defensa y del Ambiente (ambos bajo el mando civil, naturalmente).
Esa revisión de valores afectó a los fondos con los que contaba el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), y llegó a costar la destitución del mando militar. El cambio reciente en altas esferas de la Marina mostró nuevas desavenencias. Hay signos de que la crisis no logra conjurarse.
La semana pasada, el Ministro de Defensa estuvo en varios cuarteles, para explicar la propuesta del Ejecutivo para reformar las cesantías y las pensiones militares, junto con un alza en los ingresos. El viernes, el malestar se hizo patente con expresiones de descontento en las afueras de los recintos navales en Guayaquil. Las autoridades del Issfa reclaman no haber sido tomadas en cuenta para acoger o, al menos, para escuchar sus criterios sobre una materia que les atañe y afecta.
En la semana que se inicia, el Ministerio anuncia nuevas visitas con el fin de dar a conocer el proyecto. El Ministro usó su cuenta de Twitter para escribir: “Seguiremos con actitud respetuosa y democrática, conversando con nuestros soldados…”. El poder civil tiene jerarquía sobre las fuerzas militares en un sistema republicano, no cabe duda, pero el reconocimiento de aspiraciones y el tratamiento técnico y despolitizado de estos temas es indispensable.