El punto de partida de la campaña electoral tendrá una mancha injustificable. La denuncia de la presentación de fichas de afiliación y adhesión a partidos y movimientos obtenidas fraudulentamente y sin consentimiento de los supuestos adherentes es un asunto grave.
Más allá de lo anecdótico, se vulneran principios elementales de la convivencia civilizada. Uno de ellos es el libre consentimiento para adherir a una agrupación política. Con la falsificación de fichas se afecta además la libertad de las personas para manifestar esa opción cívica.
Queda en entredicho la calidad de los controles técnicos del Consejo Nacional Electoral, así como la garantía de transparencia y pureza de los procesos. Y, como si todo lo anterior fuera poco, también se afecta seriamente a la credibilidad de partidos y movimientos si es que presentaron fichas de afiliación sin la aceptación de los ciudadanos cuya identidad se tomó prestada.
Habrá que determinar de manera transparente y exhaustiva si hay empresas que falsifican las identidades de las personas y las mal usan con estos u otros fines fraudulentos. La amenaza de eliminar del registro a partidos y movimientos ya inscritos podría ser extemporánea. Se corre el riesgo de su utilización política por parte de los adversarios de otras tiendas que busquen aprovechar del escándalo y hasta presionar para eliminar a quienes disputen el mismo espacio de electores.
En el arranque de la campaña este episodio bochornoso deja sospechas sobre la transparencia del proceso que está por ponerse en marcha y habla mal de la madurez democrática del país. En suma, pone al desnudo las flaquezas de nuestra democracia y siembra dudas sobre los organismos rectores del proceso.