Un balde de agua fría recibe el país. El fallo arbitral del Tribunal de La Haya considera que el Ecuador violó sus obligaciones fijadas en los tratados internacionales de protección de inversiones.
El anuncio efectuado en la mañana de este viernes, de algún modo era esperado por el Gobierno ya que el Secretario de la Presidencia se adelantó a formular una declaración -sin aceptar preguntas de la prensa- anunciando que el Estado ejercerá el derecho de repetición, esto quiere decir que se reserva el derecho de reclamar a los responsables del Gobierno anterior por las acciones u omisiones que llevaron a este fallo del alto tribunal. Este solo anuncio provocó la reacción airada del exmandatario sobre quien recaería la repetición.
Existe inquietud nacional debido al monto que el Estado podría estar en obligación de pagar por este fallo.
El caso empezó hace 25 años cuando abogados de origen ecuatoriano iniciaron acciones en un tribunal de Nueva York, en nombre de pobladores de la Amazonía por los daños ambientales perpetrados por quien había llevado la extracción petrolera. Texaco que operaba en los campos aludidos, se defendió diciendo que al pasar sus acciones a Petroecuador la estatal ecuatoriana debía hacerse cargo de activos y pasivos. Texaco fue absorbida por Chevron y un juez de Sucumbíos la condenó a pagar USD 9 500 millones. El fallo de La Haya revierte las cosas. Preocupan las repercusiones económicas que puede acarrear al país este enojoso episodio.