Uno de los pilares fundamentales del estado de derecho es la Justicia. Vertical, independiente, equilibrada.
Aún hay secuelas profundas del proyecto político que intentó sumir al país bajo su yugo. La falta de libertades y el modelo concentrado, autoritario y sin rendición de cuentas se fundaba en controlar la justicia.
Hace falta un cambio ya. El espacio transitorio que dio el voto popular para renovar las instituciones revela en esta parte de la arquitectura fallas estructurales que urge corregir.
El Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio tuvo problemas de funcionamiento y dejó la tarea a medio hacer. Varios miembros expresaron buena voluntad pero eso no resultó insuficiente.
El nuevo Consejo de la Judicatura emprendió el largo camino de la evaluación. La formación de una comisión de juristas de apoyo en dicha evaluación dio sus frutos.
La primera parte del trabajo está hecha en la presentación de calificaciones. Una buena parte de los jueces no cubren ni las expectativas ciudadanas ni, al parecer, la suficiente competencia para ejercer tan altas responsabilidades.
Ahora, y luego del lógico debido proceso y el derecho a las recalificaciones que han sido pedidas, el Consejo de la Judicatura debe asumir el papel en toda su dimensión y conforme a la exigencia del sistema republicano que hay que apuntalar.
Luego vendrán otras evaluaciones: jueces y fiscales provinciales y hasta el último funcionario de la escala jerárquica deben responder por su competencia, probidad y capacidad para obrar en derecho y en nombre de la Justicia.
El tiempo dedicado para desenredar el sistema judicial, más allá de las reformas a la tecnología y mejoramiento de la infraestructura de edificios -que en su momento se habrá de analizar para determinar el uso correcto de los dineros públicos-, demuestra que se quiso tejer una trama confusa para que la Justicia sea controlada políticamente y resulte ‘funcional’ al poder. Eso debe cambiar y el primer paso está en manos de la Judicatura. Hay que hacerlo ya.