Uno de los sectores más vulnerables de la población que se vio afectado por la pérdida de trabajo formal es el del servicio doméstico.
Las personas que deben desempeñar ese tipo de tareas ven disminuidos sus derechos y en muchos casos se han ido al desempleo o han preferido contratarse por horas y con una paga que apenas alcanza para las múltiples necesidades que sus familias tienen que afrontar.
Las cifras otorgadas a este Diario por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hablan por sí solas. En marzo, según el ente, había 92 624 afiliadas en ese rubro de trabajo. Para julio, según la misma fuente, el registro decía que en la modalidad quedaban 79 163 personas afiliadas.
Está claro que la pandemia se ensañó con las capas sociales más vulnerables de la población. Un hecho real constatado en todo el mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, los desempleados se cuentan por millones. Pero en ese país existen y funcionan los seguros de desempleo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Europa. Acá, son muy pocas las prestaciones a las que tienen derecho sectores vulnerables como este.
Para las empleadas domésticas, la situación se muestra al límite. Muchos patronos que ya no podían pagar se acogieron a la modalidad del despido que la crisis permitió.
Esa es una condición objetiva, ya que la pandemia dejó sin trabajo a miles de personas de la numerosa clase media. A la vez, esa triste realidad lanzó a la calle a muchas personas que, a más de los rigores de la pandemia, tuvieron que afrontar la falta de trabajo.
Pero lo peor de todo es que en este sector tan importante, y más allá de las normas escritas que prohíben el trabajo sin afiliación al sistema de seguridad social, hay miles de personas que laboran en esas condiciones.
Contar con empleadas domésticas sin afiliación no está bien y es ilegal, aprovecharse de la urgencia por unos cuantos dólares de miles de personas es un abuso que no tiene nombre. Algo precario e inaceptable que el país debe corregir. La justicia social es un derecho de todos.