El Niño pone a prueba la prevención ecuatoriana

Las lluvias de esta semana dejaron una advertencia temprana. Guayaquil amaneció el 23 de septiembre con calles anegadas después de varias horas de precipitación. En Muisne, Esmeraldas, el desbordamiento del río Sucio dejó, según un balance preliminar, 600 personas y 350 viviendas afectadas.

El Niño apenas entra en una etapa que podría intensificarse hacia finales de año.

Ecuador está en alerta roja nacional desde el 29 de agosto. El Inamhi califica al episodio actual como “muy fuerte” y advierte que los impactos no serán iguales en todo el territorio. En la Costa pueden aumentar las lluvias; en otras zonas pueden aparecer déficit hídrico, calor e incendios. Esa heterogeneidad es precisamente lo que hace inútil prepararse para un único escenario.

También obliga a separar información de alarmismo. La Organización Meteorológica Mundial no utiliza la categoría “Súper Niño”, aunque prevé que el evento siga fortaleciéndose y alcance una intensidad muy fuerte antes de su pico. Hablar de un fenómeno severo está sustentado. Convertir esa posibilidad en una predicción exacta de desastre no lo está.

Pero la incertidumbre tampoco justifica esperar.

Las primeras inundaciones muestran vulnerabilidades conocidas. En sectores de Guayaquil, la combinación de lluvias, marea alta, drenajes y características urbanas vuelve recurrente la acumulación de agua. En Esmeraldas, el aumento de caudales ya produjo afectaciones. La pregunta útil no es si este Niño repetirá 1982-1983 o 1997-1998, sino cuánto daño evitable encontraría hoy si las lluvias se intensifican.

Colombia ofrece otra señal de anticipación. Su Gobierno prepara una nueva declaratoria de emergencia económica vinculada a los efectos de El Niño sobre el sector agropecuario y ya activó medidas para proteger el suministro energético. No significa que Ecuador deba copiar instrumentos jurídicos de otro país. Demuestra que los costos pueden empezar antes de que llegue el momento más intenso del fenómeno.

En Ecuador, la alerta roja debe traducirse en decisiones verificables. Los municipios necesitan limpiar y probar drenajes, identificar puntos de inundación, controlar rellenos y construcciones en zonas de riesgo y preparar rutas alternativas.

El Gobierno debe anticipar daños en carreteras, agua potable, salud, agricultura y cadenas de abastecimiento. Los sistemas de alerta tienen que llegar a la población antes del desbordamiento, no después.

También deben existir inventarios de maquinaria, albergues, medicamentos, reservas de agua y recursos presupuestarios disponibles. Prevenir implica saber quién actúa, con qué equipos, en cuánto tiempo y bajo qué escenario.

El Niño no permite certezas locales con meses de anticipación. Precisamente por eso exige planificación flexible y actualización constante de los datos.

Alarmismo sería presentar el peor escenario como inevitable. Imprudencia sería usar la incertidumbre para postergar decisiones.

Las lluvias de septiembre todavía no anticipan por sí solas la magnitud de los próximos meses. Sí muestran algo más concreto: cuando el agua ya entra en las calles y viviendas, la temporada de prevención dejó de ser una discusión futura.

Ecuador todavía tiene margen para reducir daños. La medida del éxito no será que El Niño resulte menos intenso de lo esperado, sino cuánto de lo prevenible consiguió realmente prevenir.

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