Hace un año, millones de ciudadanos fueron a las urnas y expresaron un mandato claro frente a siete preguntas que formuló Lenín Moreno.
Varias de ellas, tras la respuesta popular, entraron en vigor de modo inmediato; otras están a la espera por aspectos legales. El núcleo de la reforma se centró en la tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
Se logró la muerte civil de los condenados por actos de corrupción. No podrán participar jamás en cargos públicos ni elecciones populares. La reelección de dignatarios será por una sola vez y de esa manera se frenará el aprovechamiento del cargo.
La no prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes fue de las más votadas y está en vigor. Se derogó la ley de Plusvalía, otra ‘joya’ del ex presidente, que frenó la actividad de la construcción.
La prohibición de la minería metálica debe esperar dictámenes jurídicos de entidades aún no conformadas. El año ha mostrado que la informalidad y las presiones desbordan la capacidad de control oficial. Es un tema de preocupación nacional.
El incremento de la zona intangible y la reducción de explotación petrolífera en el Yasuní no se implementan. La Vicepresidenta de la Asamblea lo atribuye a la falta de integración de la Corte Constitucional.
Con tensiones y decisiones audaces, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio avanzó. No siempre acertó, pero hubo más aspectos positivos que fracasos.
Lo peor fue la integración transitoria del Consejo Nacional de la Judicatura. Dejó la tarea sin hacer, y se reemplazó por un Consejo definitivo que trae dudas y expectativas.
Un aspecto pendiente es la elección del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Se mencionó una consulta para suprimirlo o acotar sus funciones, pero el hecho concreto es que se lo elegirá en marzo.
La lucha contra la corrupción se ha cumplido a medias, y según el consejero Luis Hernández deberá completarse con algunos cambios.
Pero, en general, la institucionalidad es mejor que la de hace un año.