El Ecuador se ve en estos días frente a una disyuntiva económica que no es nueva, y seguirá enfrentándose a ella mientras sus dirigentes, sus empresarios, sus ciudadanos, todos sus estamentos, no acuerden un modelo sustentable en el tiempo.
Los vaivenes del manejo de la cosa pública, atados a una economía dependiente de materias primas, han significado que ni siquiera en épocas de bonanza como las del gobierno de Rafael Correa, se sienten las bases de un modelo productivo que permita el bienestar de los ciudadanos.
Hoy, nuevamente, el Ecuador se ve abocado a debatir unos ajustes que no resolverán el largo plazo pero son un punto de partida para empezar a ordenar las finanzas públicas. La caja fiscal adolece de grandes desequilibrios entre ingresos y gastos, los cuales han sido cubiertos con endeudamiento, lo cual es insostenible.
El gobierno de Lenín Moreno eligió el camino de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual implica una serie de medidas, desde la reducción del tamaño del Estado hasta la generación de mayores ingresos por vías como el aumento de tributos o la eliminación o focalización de subsidios.
El equipo ministerial afina la propuesta desde el fin de semana e informó que hoy la enviará a la Asamblea Nacional. Si bien existe un acuerdo legislativo de gobernabilidad, se anticipa que no hay consenso para un eventual alza de impuestos.
Se espera, como lo señaló el vicepresidente Otto Sonnenholzner la semana pasada al pedir comprensión de la ciudadanía frente a decisiones difíciles, que el Gobierno cumpla su tarea. Eso implica no solo dejar de lado los cálculos políticos sino también ejecutar el plan de ajuste.
De los otros sectores se espera coherencia con la situación. Si bien se exige -y con toda razón- que el Estado reduzca su tamaño, debe haber una cuota de corresponsabilidad para superar una situación de cada vez mayor endeudamiento público.
Uno de los problemas del desequilibrio fiscal se produce por los subsidios mal focalizados. Hay mucho por hacer desde todos los frentes.