Si bien las cifras varían según la fuente, hay un hecho incontrovertible: desde la firma de la paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no han cesado los asesinatos de líderes sociales en toda Colombia.
Si bien se ha dicho que la seguridad ha mejorado en las ciudades tras la firma de la paz hace más de un año y medio, los ataques a líderes sociales se registran a razón de uno cada cuatro días.
La situación ha hecho recordar los ochenta y los noventa, cuando los líderes de la Izquierda Unida fueron exterminados por el paramilitarismo. La agrupación ha lanzado una advertencia y ha pedido un pronunciamiento claro al Gobierno, y sobre todo que la justicia actúe y no haya impunidad.
La pacificación sigue en una encrucijada. Por un lado, una parte del país reclama que el Gobierno que se posesionará el 7 de agosto revise las condiciones que lograron los ex guerrilleros que se acogieron al proceso y, por otro, se ejecuta a líderes sociales, comunitarios y de derechos humanos.
El presidente electo, Iván Duque, habló de tolerancia cero para este tipo de crímenes y ofreció investigar. Las muertes han recrudecido desde su elección, y es obvio que hay que revisar el proceso de manera integral.
El manejo de este tema en la nueva etapa, junto con otros temas de seguridad, es crucial para el Ecuador, que ha sentido los indeseables efectos de la disidencia de los acuerdos de paz.