Corte Constitucional derogó estado de excepción

La Corte Constitucional decidió echar abajo el estado de excepción que el Gobierno decretó con la intención de contener el contagio del covid-19.

La decisión de siete de los nueve magistrados que conforman el más alto e inapelable tribunal en materia constitucional surtió resultados inmediatos y las medidas del estado de excepción se suspendieron.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional empezó su evaluación de los resultados del estado de excepción. El impacto en la disminución radical de encuentros familiares y sociales por Navidad y fin de año fue evidente.

El Gobierno aplicó en el año pasado medidas duras y el estado de excepción fue refrendado, aunque la norma impide que por las mismas causas se pueda volver a tomar una medida de tan largo alcance.

En vista de los datos de contagios y expectativas de crecimiento de los contactos personales y aglomeraciones, el Gobierno decidió formular esa medida con redacción distinta.

Sin embargo la Corte Constitucional hizo el respectivo análisis y dejó sin efecto este estado de excepción.

Aunque se haya cuestionado la oportunidad del pronunciamiento, la norma da diez días a la Corte para pronunciarse, y la notificación de la decisión se hizo el 2 de enero.

Como estamos en estado de derecho y la Corte es organismo de última instancia en materia constitucional, el Gobierno acató la decisión.

Todo esto ocurrió después de que se aplicaron varias restricciones con el objetivo de contener, dentro de lo posible, las fiestas y aglomeraciones.

La realidad, más allá de los aspectos jurídicos, es que la propensión a los contagios luego de los feriados -como se comprobó en finados y fiestas de Quito-, es que se corre riesgo y los hospitales pueden volver a colapsar.

El presidente Moreno dijo ayer que las UCI están saturadas y que hay un plan de contingencia, pero apeló a que los COE cantonales y los ciudadanos actúen en consecuencia.

También mencionó los acuerdos para contar con la vacuna: 50 000 dosis en enero. La amenaza del covid, con o sin decreto, se mantiene.

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