Ecuador vive una muerte cada hora

Ecuador enfrenta días sombríos. La noche del domingo 27 de julio asesinaron a 17 personas en la parroquia La Guayas, en El Empalme. Al menos 14 más resultaron heridas. El ataque ocurrió mientras la comunidad celebraba sus fiestas. Dos camionetas llegaron a un bar al aire libre y los sicarios dispararon sin discriminar. Entre las víctimas: tres adolescentes que caminaban por la zona. También murieron Mayvelin Vergara y Jefferson Dávila, padres de dos niños. Salieron a distraerse y no volvieron. Ninguno de los asesinados era, según los informes preliminares, el objetivo de la emboscada.

Lo que antes eran hechos aislados hoy se repite con una frecuencia escalofriante. Hace cuatro meses, el 6 de marzo, 22 personas en Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil, perdieron la vida en una masacre. 

El 17 de abril, 11 personas murieron en una gallera en El Carmen, Manabí. Sicarios disfrazados de militares dispararon contra los asistentes. En febrero, a siete personas acribillaron en Pascuales, Guayaquil. En Playas, una decena de jóvenes perdió la vida mientras jugaba billar, el 19 de julio. El patrón se repite en cada caso: víctimas colaterales, comunidades aterradas y respuestas que no llegan.

La violencia se extendió de las cárceles a los vecindarios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, entre noviembre de 2023 y abril de 2025 se registraron 330 masacres-eventos con tres o más muertos-, con más de 1 000 víctimas. En el 82% de casos, los asesinados no tenían antecedentes penales. No eran criminales. Eran trabajadores, niños, padres, estudiantes.

Pero el horror no se mide solo en cifras. El 24 de julio, en Crucita, Portoviejo, mataron a un militar y su bebé. Un menor de edad quedó herido. El 26 de julio, en Manta, balearon a la exreina de belleza Esther Murillo frente a su familia. El 27 de julio, a Zavae Isaac Noboa, quién desapareció en La Floresta, centro norte de Quito, lo hallaron muerto en Guápulo, víctima de una golpiza brutal. Su padre, Pablo Noboa, denuncia que la zona está tomada por mafias. Nadie se atreve a hablar.

A pesar de los estados de excepción, la declaratoria de conflicto armado interno y la presencia militar, las cifras no ceden. Solo en los primeros seis meses de 2025, el Ministerio del Interior registró 4 619 homicidios intencionales. Esto significa al mes, en promedio, 770 decesos; 25 al día. En consecuencia, el Ecuador afronta una muerte cada hora.

Este primer semestre, el país de 18,1 millones de habitantes tiene una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil personas. En igual periodo de 2024, la tasa fue de 17, por lo que hay una tendencia al alza.

Frente a este escenario, cada territorio demanda su propio enfoque para afrontar la crisis de inseguridad. Pero hay medidas que no pueden esperar: control de armas más riguroso, bloqueo efectivo de insumos financieros y logísticos de las bandas, protección real a fiscales, jueces y testigos, y mecanismos ágiles para frenar el reclutamiento de adolescentes en zonas críticas.

La reconstrucción no es solo desde el Estado. Las organizaciones sociales, comunidades de fe, clubes barriales, escuelas y familias pueden impulsar redes de apoyo. Hay niños que han quedado huérfanos; madres sin sus parejas. Las personas que cargan con traumas tras sobrevivir a un tiroteo crecen a diario.

La violencia desbordó la capacidad de respuesta tradicional. Mientras tanto, miles de familias esperan que alguien las acompañe en el duelo y la reconstrucción. Muchas veces están lejos del sitio donde los vio nacer. Extender una mano muchas veces requiere de invertir tiempo, recursos y organización local.

Faltan redes de voluntarios para asistir a personas desplazadas o mutiladas, incluyendo acceso a prótesis, cuidado médico y reinserción laboral.

Mientras las masacres no paran, la sociedad es la que se queda con los huérfanos, los desplazados, el miedo y los muertos.