El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), constituido por los países del G-20 (que agrupa a las 20 grandes economías) y que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyó al Ecuador en una lista de “jurisdicciones no cooperadoras”, junto a Angola, Corea del Norte y Etiopía.
Como consecuencia, los expertos advierten el peligro de recortes en las líneas de crédito que la banca local recibe del exterior, así como la restricción de las transacciones internacionales de ida y vuelta.
Los acuerdos financieros entre el Ecuador y bancos de Irán, así como la autorización para las operaciones del Export Development Bank (Edbi), dispararon las alarmas, sobre todo en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas.
Sin embargo, ya a fines de 2008, técnicos del Banco Central y de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador habían advertido que la firma de un convenio con Irán podía acarrear el bloqueo de recursos.
¿Cuánto asidero tiene la acusación del GAFI? Las autoridades ecuatorianas reaccionaron ayer: el canciller Ricardo Patiño rechazó la decisión y dijo que en los países del norte es donde están los consumidores y están las mafias y el lavado.
Un comunicado de la Procuraduría calificó de un golpe inaceptable a los esfuerzos realizados, aunque no se detalló en qué consistían. Fuentes militares atribuyeron a una magnificación del asunto en la prensa internacional y pidieron pruebas.
El hecho es que, al establecer relaciones financieras con Irán, el Gobierno desafió las advertencias hechas incluso por la misma GAFI en 2008. La orientación geopolítica ha minado la credibilidad financiera del país y nos ha situado en los ojos preocupados de la comunidad internacional.