Ecuador cuenta con 14 jueces anticorrupción

El Consejo de la Judicatura posesionó el jueves a 14 jueces, para que dediquen su esfuerzo enteramente a la lucha contra la corrupción. Este quizá es el mal que más acecha al bienestar de los ecuatorianos; porque en sentido estricto, se refiere a un delito que implica la utilización y apropiación del dinero que aportan los ciudadanos a través de sus tributos y que se materializa en las propiedades del Estado.

La posesión de los nuevos funcionarios de la Justicia es un punto de inflexión. El proceso de selección de estos magistrados, que terminó el pasado viernes 2 de diciembre, fue extenso. Un total de 425 jurisconsultos se postularon para ejercer este nuevo cargo. De ellos, solo 14 tendrán en sus manos el encomiable trabajo de sancionar con todo el rigor de la ley a la corrupción.

Una vez designados los jueces anticorrupción, se vienen varios retos para el Estado que deben ser tomados en serio. El primero es una capacitación que les permita manejar todas las herramientas posibles y tener claros sus alcances.

En segundo lugar, es imperativa una descentralización planificada, inmediata y efectiva. La Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado operará en Quito, pero tramitará causas judiciales del país entero. Como se trata de una problemática transversal, que abarca a todo el territorio ecuatoriano, se debe elaborar un plan urgente para llevar más juzgados de este tipo al resto de ciudades.

En tercer lugar, se debe pensar en una fórmula a largo plazo que ayude a estos funcionarios judiciales a realizar su trabajo sin presiones políticas. Que cada sentencia sea una luz que guíe a las demás, en donde no haya ni un viso de persecución a nadie.

Finalmente, el Estado debe precautelar a estos nuevos funcionarios. Deben tener las garantías de que su trabajo no será luego fuente de demandas y que eso no les permita desarrollar

la labor para la que fueron encomendados.

Con la posesión de los nuevos jueces anticorrupción, Ecuador debe tener la confianza de que la mala práctica de cohecho, el

peculado y demás no pueden quedar en la impunidad.