
La educación física dejó de ser una promesa frágil en Ecuador. El Decreto Ejecutivo 422 hizo algo que ninguna reforma anterior había logrado: blindar esa materia frente a la tentación de recortarla. Desde junio de 2026, ninguna institución educativa puede eliminarla ni sustituirla por otra asignatura, en ningún nivel.
Es un avance que merece reconocerse. Durante años, la educación física fue la primera en ceder terreno cuando hacía falta una hora para reforzar matemáticas o lengua. Docentes de distintas provincias han documentado esa práctica. Ahora existe una prohibición expresa. El Estado puso un piso y, en un sistema educativo históricamente desigual, eso no es poco.
Sin embargo, un piso no es un techo. Ahí empieza el verdadero examen del reglamento a la Ley del Deporte. Dos horas semanales de educación física -el mínimo que exige la norma- equivalen a apenas 90 minutos de actividad física. Esto está muy por debajo de los 60 minutos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud para niños, niñas y adolescentes.
Su utilidad real depende de que sirva como punto de partida para construir hábitos que continúen fuera del aula escolar. Si la educación física se limita al cumplimiento formal de esas dos horas ganará la batalla simbólica y perderá la sustancial.
Además, el problema no es solo de tiempo, sino de capacidad instalada. El propio decreto exige una evaluación formativa, una detección de talentos con criterios técnicos y científicos, y una articulación real entre escuelas y clubes deportivos. Son mandatos correctos.
Pero el reglamento no define los instrumentos para cumplirlos: no establece quién mide el talento deportivo de un niño de nueve años, no fija plazos para la normativa secundaria que debe completarlo, y no exige título específico en educación física para quienes imparten la materia. En Bolívar, Germán Gavilanes, presidente de Fedenaes provincial, lo constató en su propio territorio: hay escuelas donde la clase la dicta quien tiene la hora libre, no quien tiene la formación en educación física.
Por otro lado, las familias que pueden costear una actividad extracurricular complementan lo que el sistema no alcanza a dar. Las que no pueden, dependen de un parque, un programa público con cobertura limitada o, en el mejor de los casos, esas dos horas obligatorias. Los números que maneja Juber Bravo, presidente nacional de Fedenaes, confirman la magnitud del desafío: el presupuesto para el deporte estudiantil apenas llega a 46 714 dólares para 2026 frente a 4,1 millones de estudiantes en el país.
En definitiva, la educación física tiene hoy una base legal sólida en Ecuador. Lo que falta es presupuesto sostenido, docentes especializados desde los primeros años de escolaridad e instrumentos de evaluación que funcionen en el aula, no solo en el texto del decreto. La norma fijó la obligación. La próxima prueba será fijar los plazos, los recursos y los responsables que la hagan cumplir.