Ecuador debe frenar el reclutamiento criminal de adolescentes

El asesinato de un gerente financiero de una universidad de Quito ya era un hecho grave por sí mismo. Pero la investigación fiscal abrió una alerta todavía más profunda, el presunto autor material del crimen sería un adolescente de 17 años.

Ese dato no puede pasar como un elemento secundario del expediente.

La Fiscalía sostiene que el crimen, ocurrido el 11 de junio de 2026, habría estado relacionado con auditorías internas que la víctima realizaba dentro de la institución. También formuló cargos contra cinco adultos por asesinato y expuso elementos como videos de seguridad, análisis telefónicos, información de una plataforma de transporte, versiones, autopsia e inspección técnica del lugar.

La justicia deberá probar responsabilidades individuales y respetar la presunción de inocencia de todos los procesados. Pero el país no necesita esperar una sentencia para mirar el problema de fondo: adolescentes aparecen vinculados a delitos cada vez más violentos.

El caso de Quito no es el único.

En Guayaquil, la Fiscalía formuló cargos contra dos adolescentes de 15 y 14 años por su presunta participación en el asesinato de una persona en los exteriores del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Ese hecho, ocurrido el 17 de junio, también dejó una persona herida. Según las investigaciones preliminares, los sospechosos habrían atacado a la víctima con armas de fuego y luego fueron retenidos por personal de seguridad del aeropuerto.

Durante el procedimiento se encontraron dos armas de fuego y varias municiones. El juez de Menores Infractores acogió el pedido de Fiscalía y dispuso internamiento preventivo para los adolescentes procesados.

Estos casos obligan a revisar mucho más que una causa penal.

Cuando menores de edad aparecen señalados en asesinatos, con armas, vigilancia previa o presunta coordinación con adultos, el problema revela una falla social, familiar, educativa, comunitaria e institucional. El sicariato no empieza con el disparo. Antes hubo captación, contacto, instrucción, traslado, seguimiento y una estructura que pudo usar a adolescentes como piezas ejecutoras de un crimen.

Esa cadena debe investigarse completa.

No basta con identificar a quien habría disparado. La justicia debe esclarecer quién ordenó, quién facilitó, quién entregó armas, quién trasladó, quién vigiló y quién se benefició de cada asesinato. En los delitos cometidos con participación de adolescentes, la responsabilidad de los adultos que los reclutan o utilizan debe ser investigada con especial rigor.

Ecuador enfrenta desde hace años una expansión de economías criminales que reclutan a jóvenes en barrios vulnerables, entornos marcados por abandono escolar, falta de oportunidades, violencia familiar o ausencia de protección estatal. No todos los casos responden al mismo patrón, pero el resultado es cada vez más visible: menores convertidos en instrumentos de delitos graves.

Eso no puede normalizarse.

El debate tampoco debe caer en respuestas simplistas. Endurecer penas o pedir que todos los adolescentes sean tratados como adultos puede sonar contundente, pero no resuelve por sí solo la captación criminal. La justicia juvenil existe porque el Estado reconoce que los menores de edad requieren un tratamiento diferenciado, incluso cuando enfrentan procesos por delitos graves.

Ese tratamiento, sin embargo, debe ser serio, eficaz y proporcional.

El país necesita medidas reales de prevención, intervención temprana y rehabilitación. También necesita investigación penal fuerte contra los adultos que organizan, financian o se aprovechan de adolescentes para cometer crímenes. Sin esa persecución completa, el sistema termina procesando al eslabón más visible y dejando intacta la estructura que lo utilizó.

Los asesinatos en Quito y Guayaquil deben esclarecerse con pruebas, sin atajos y sin impunidad. Pero también deben servir para discutir una alarma que ya no puede postergarse.

Cada adolescente vinculado como presunto sicario es una señal de fracaso colectivo.

Ecuador debe responder con justicia, prevención y protección. Porque cada menor reclutado por el crimen organizado representa una vida capturada por la violencia y una amenaza mayor para toda la sociedad.